Gallardón presenta la reforma del CGPJ que quita poder y autonomía al Consejo
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cambia el sistema de elección de sus
l Consejo de Ministros ha
aprobado hoy el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) que cambia el sistema de elección de sus miembros para
limitar la intervención de las asociaciones judiciales, le resta
potestad reglamentaria y le retira la autonomía presupuestaria.
La reforma, que ha anunciado hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, afecta
también a la conformación de las comisiones del Consejo, compuesto por
21 vocales, incluido el presidente, informa Efe.
Las asociaciones judiciales se han mostrado críticas con esta
reforma y han llegado a amenazar con una huelga en enero si salía
adelante, mientras que el ministro ha insistido en que lo aprueba con
vocación de consenso con el PSOE y otros partidos.
La reforma
prevé que, para la elección de los vocales designados por el Congreso y
el Senado a propuesta de la carrera judicial, sea mucho más fácil que
hasta ahora la concurrencia de candidatos independientes, es decir, que no pertenezcan a las asociaciones profesionales de jueces.
Además,
disminuye sensiblemente la potestad reglamentaria del hasta ahora
conocido como órgano de gobierno de los jueces en materias como sueldos o
vacaciones de los magistrados, que pasan al Ministerio de
Justicia. Junto a ello, elimina la autonomía presupuestaria del CGPJ,
que por ello deberá estar sometido a la revisión de la Inspección del
Estado y del Tribunal de Cuentas y que verá cómo los gastos que le sean
aprobados deban ser utilizados en las partidas para las que hayan
recibido el visto bueno, sin la posibilidad de apartarse de ellas.
En cuanto a la elección de vocales, los nombra el Parlamento y, de ellos, ocho son propuestos por los partidos políticos y
otros doce lo son por la carrera judicial. Respecto a estos segundos,
hasta la reforma, las asociaciones de jueces tenían un elevado control
en el proceso de nombramiento.
Convertirse en candidato al CGPJ
al margen de una asociación profesional de jueces requiere hoy el aval
de cien jueces, mientras que, si la reforma se aprueba en los términos
anunciados por Gallardón, serán necesarios solamente veinticinco
avales. Además, Congreso y Senado deberán respetar la proporcionalidad
en el número total de propuestas que les lleguen de la carrera judicial,
lo que supone que los candidatos independientes estarán en igualdad de
condiciones para ser nombrados que los pertenecientes a las asociaciones
profesionales de jueces.
El ministro de Justicia ha explicado
hoy que la mitad de los jueces y magistrados no pertenece a las
asociaciones judiciales y que con este sistema se les integra en el CGPJ
Las asociaciones judiciales se han mostrado críticas con esta reforma y
llegaron a amenazar con una huelga en enero si salía adelante, algo que
no ha amedrentado al ministro. El anuncio de Gallardón se produce,
además, 48 horas después de que el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner,
alimentara una enorme polémica al asegurar que el tener que viajar en
turista afectaba a la imagen de la institución.
El CGPJ, que resultó enormemente ‘tocado’ en su reputación por los escándalos de su anterior cabeza visible, Carlos Dívar, y sus viajes a costa del erario público, vive otra vez una época de convulsión, con sus vocales enfrentados y todos recelando de la última ‘ocurrencia’ de su presidente, que ha vuelto a echar por tierra la imagen de la institución a ojos de los ciudadanos.
El impuesto catalán, al TCEl Consejo de Ministros ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto sobre depósitos bancarios aprobado el martes por la Generlitat de Cataluña, al entender que un gobierno en funciones no puede crear impuestos, que no se pueden crear además por decreto ley, que es el Estado el que tiene reservada la regulación de este tributo y que se debe preservar la "unidad de mercado" en todo el territorio nacional.
Así lo ha argumentado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Consejo de Estado tiene ahora tres días hábiles para realizar el preceptivo informe sobre este recurso.
La vicepresidenta ha explicado además que este recurso es un mensaje hacia "alguna otra comunidad que está pensando incluir una medida así en sus presupuestos". "El procedimiento será el mismo que en este supuesto", ha advertido
Rubalcaba se quedó con la sangre en el ojo cuando Marchena y su colega y amigo José Manuel Maza –más tarde fiscal general del Estado– presentaron un voto particular, en febrero de 2010, contra la mayoría en la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba, con ciertas medidas de precaución, el nuevo sistema de escuchas telefónicas Sitel, sistema que el entonces ministro del Interior había adquirido.
EL GAL y la selección nacional del PP
En diciembre de 2013, Lesmes comenzó su primera ronda de nombramientos de jueces por un periodo de cinco años. Aparte de ser un seleccionador incondicional de jueces conservadores o próximos al Partido Popular, Lesmes impuso un criterio particular. No solo aplicaba el rodillo mayoritario conservador para elegir a magistrados de derechas. Seleccionaba también a algunos jueces con marchamo de progresistas porque respondían a un rasgo fundamental: eran miembros de lo que en la jerga iniciática de la judicatura se llama el GAL, o Grupo de Amigos de Lesmes. Uno de los ejemplos más estelares fue la creación del puesto de vicepresidente del Tribunal Supremo, y la decisión de nombrar a un magistrado progresista en la persona de Ángel Juanes.
Pero el requisito para su designación era un secreto a voces: Juanes compartía urbanización en el sur de España con Lesmes y salía a navegar en el barco del nuevo presidente del Supremo y del CGPJ. También en el órgano de mando del CGPJ, la comisión permanente, Lesmes se ganó la complicidad de vocales progresistas, como la magistrada Mar Cabrejas o el abogado y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
El rodillo funcionó de una manera irrefrenable durante cinco años en los que una carrera tradicionalmente conservadora todavía daría un salto hacia posiciones más extremas. Lesmes adaptó aquella expresión de Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió.
Sin complejos
Desde el minuto uno, Lesmes no mostró complejos. Y los vocales del nuevo Consejo no tardaron en percibir su falta de escrúpulos. Por aquellos días de 2014, la preocupación en el Partido Popular tenía nombre alemán: Gürtel. Y apellido breve: Ruz.
Pablo Ruz, un joven magistrado, estaba en comisión de servicios, renovable cada seis meses, en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y estaba a cargo de la trama de corrupción de Francisco Correa, gürtel en alemán.
El PP había decidido apoyar a Ruz en la instrucción de los Papeles de Bárcenas, en la primavera de 2013, frente a una fugaz incursión de Javier Gómez Bermúdez, la bestia negra del PP, tras el juicio del atentado del 11-M en Madrid, cuya sentencia confirmó la autoría yihadista de la masacre frente a las teorías de la conspiración.
Pero pronto, al advertir el carácter de Ruz y su independencia en la investigación, el PP lo convirtió también en otro de sus peores enemigos.
Lesmes consintió en renovar el mandato de Ruz en junio de 2014. Pero sería una y no más. Ese verano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibió presiones directas de su partido para acabar con la comisión de servicios de Ruz a finales de ese mismo año. El juez sabía que tenía los días contados. Y por tanto aceleró la investigación de dos de las casi diez piezas de la trama: Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas o Contabilidad B del PP.
La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces. Entre los primeros 360 se incluiría el sillón del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional.
Valle y De la Mata
Pero la tarea de Lesmes no se limitaría a liquidar a Ruz. Había que asegurar la plaza para un candidato próximo al PP, aún quedaban importantes piezas para instruir en el caso Gürtel. Uno de los colaboradores de Lesmes en la Comisión Permanente del CGPJ, Gerardo Martínez Tristán, hizo de cazatalentos y encontró lo que buscaba: Carlos Valle, magistrado de los juzgados de Plaza Castilla. Era un valor seguro. Por ideología y por antigüedad. Valle había protagonizado en 1986 el ataque contra centros de planificación familiar y clínicas abortistas de Madrid en el que ordenó detener a 39 trabajadores. Y en 2006 había exonerado a dos militantes del PP que agredieron al ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Valle pareció acoger con entusiasmo la idea, pero finalmente se echó atrás por razones de salud, al borde del concurso de adjudicación. Así, la plaza la ganó el juez Pepe de la Mata. Al PP le salió el tiro por la culata. Se había cargado a través del CGPJ a Ruz y ahora, en abril de 2015, la plaza la ocuparía un juez que, entre 2009 y 2011, había sido director general de Modernización de Justicia durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Vade retro!
Ruz finalizó la instrucción de Gürtel 1999-2005 y dejó enfilada la de Papeles de Bárcenas, antes de acabar su comisión de servicios. Los temores del PP se vieron confirmados en diferido, cuando en mayo de 2018 la sentencia de Gürtel 1999-2005 dejó constancia de que Francisco Correa creó con el PP una “estructura de colaboración estable” ...que llevó a un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, una frase crucial para la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.
Prueba de fuego
La militancia de Lesmes, empero, tendría una prueba de fuego con el procés. En aquellos días de diciembre de 2014, Lesmes ya había consumado una primera cruzada victoriosa.
Una de las miembros de la Comisión Permanente era la abogada Mercè Pigem, exdiputada en el Congreso de los Diputados por Convergencia Democrática de Cataluña. El 11 de noviembre de 2014, Pigem acude a la reunión de dicho órgano. Tan solo dos días antes, se había celebrado en Catalunya la consulta del 9-N, con las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
––¿Qué ha pasado el domingo, Mercè? ¿Cómo ha ido?– preguntó Lesmes.
Pigem, de 60 años, contestó en clave de humor.
––Bueno, yo vivo en La Bonanova y todos son pijos. El domingo vamos a misa y después nos pasamos a votar en la consulta.
La ira de Lesmes era visible. Pigem, lejos de esconder el hecho de que había sido una de los 2.305.290 votantes en el “acto de participación ciudadana”, según las cifras oficiales ofrecidas por la Generalitat, lo estaba reconociendo.
Lesmes bramó subiendo el tono de voz y amonestando a Pigem, que aguantó estoica.
La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces
Las cosas no quedarían ahí. Tres semanas más tarde, Lesmes ejecutó su vendetta. Pigem acompañaba a su hermana en un viaje a Andorra para hacer compras para las Navidades. Pigem llevaba encima 9.500 euros. En un control de las fuerzas de seguridad del Estado, le encontraron el dinero y, al comprobar su nombre, una integrante de la Guardia Civil decidió abrir un expediente. La noticia se filtró. El 28 de noviembre de 2014, Lesmes llamó por teléfono a Pigem y le arrancó la renuncia al CGPJ. Lesmes no tenía ninguna autoridad para ello. Los miembros de la Comisión Permanente son designados por el Pleno del CGPJ y deben responder ante el mismo. El caso del dinero en metálico de Pigem se archivó sin sanción administrativa.
Tres años después, durante la toma de posesión de magistrados del Tribunal Constitucional, Mercè Pigem y Lesmes se reencontraron. “Siento cómo fue todo”, le dijo el presidente del CGPJ a la jueza catalana, como si no fuera con él.
Así es Lesmes.
Macías y Ramírez Sunyer, contra el procés
La operación Pigem fue muy provechosa para Lesmes y para el PP. Una vez más, no se trataba solo de cargarse a alguien, sino de quién le sustituiría. Y en una nueva operación, Lesmes consiguió deshacerse del primer candidato suplente, Antonio María Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, para dar entrada al segundo suplente, el exmagistrado y abogado socio del bufete Cuatrecasas José María Macías.
Macías se convertiría rápidamente en la mano derecha intelectual de Lesmes y, sobre todo, formó con él y con el magistrado Pablo Llarena una troika durante la instrucción de la causa del procés en el Supremo. La cuarta pata era el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Macías y Ramírez Sunyer se habían conocido en la Escuela Judicial Española, en 1990. A raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán, el exdirector de la ONCE, Sunyer se había convertido en el caballo de Troya del procés con la ayuda del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, a cargo de la policía judicial, desde febrero de 2017.
La instrucción de Llarena sobre los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente, contaba con el trabajo de recopilación de indicios de Ramírez Sunyer y sobre todo, los atestados de Baena que ya trabajaba sobre lo que consideraba “el clima insurreccional de Catalunya” desde noviembre de 2015 a las órdenes del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El magistrado mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo
Cuando Ramírez Sunyer estaba muy enfermo, a punto de morir, Macías aconsejó a Lesmes enviarle una carta de agradecimiento por los servicios prestados en la instrucción. Se cree que el borrador lo elaboró el propio Macías, quien ya preparaba el obituario de su amigo. En la carta, enviada el 2 de noviembre de 2018, Lesmes lo felicita por las “dimensiones heroicas” que adquirió la labor del juez en el contexto “hostil” del 1-O, y le muestra su respeto a “la persona que es capaz de perseguir tan tenazmente aquello en lo que cree, lo que constituye su ilusión y su meta: el servicio a la Justicia y al Estado, a España, y el cumplimiento del deber que ese servicio entraña”. Lesmes finalizaba agradeciéndole a Ramírez Sunyer “defender el Estado de Derecho y la Justicia sin vacilaciones ni miedos en tiempos tan convulsos”, y añadía: “Siempre serás un referente para mí y para todos los compañeros de profesión”.
A su vez, Macías revelaba en su obituario de fecha 4 de noviembre de 2018 la verdadera importancia de la instrucción de su amigo fallecido.
“Su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat. Posteriormente, su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el Juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año”.
Triste, Marchena y final
Pero he aquí que después de seleccionar ese plantel a lo largo y ancho de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, cuando ya vencían algunos de los primeros mandatos de cinco años de los elegidos por Lesmes –con su mayoría conservadora en la comisión permanente y en el Pleno del CGPJ–, y ante el vencimiento del mandato del propio Lesmes y de los vocales nombrados en 2013, una conspiración liderada por el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, con mandato de Pablo Casado, y apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, volvía a reeditar el año pasado la situación creada en 2013.
En septiembre de 2018, Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala Segunda y del tribunal del procés, dio su apoyo para que le nombrasen único candidato para suceder a Lesmes.
Con todo, no pudo ser. Un oportuno whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicaba a sus conmilitones, críticos con el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que el acuerdo en ciernes era ampliamente beneficioso para la derecha. El PP permitía al sector llamado progresista del CGPJ contar con 11 vocales contra 9 de los conservadores, con la presidencia para Marchena. El pacto, explicó Cosidó, era muy bueno para el PP porque con él se estaba “controlando la Sala Segunda [la que enjuicia a los aforados] desde detrás”.
La renovación del CGPJ fue cortocircuitada. Y Lesmes vio prorrogado su mandato sine die. En estos meses, ha aprovechado su interinidad para renovar o depurar aquellos primeros mandatos de hace cinco años que han ido venciendo. De facto habrá acometido la tarea de dos mandatos casi completos en materia de nombramientos clave.
Lesmes se representa a sí mismo y a su grupo de amigos. Y mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo.
Tras la moción de censura de junio de 2018, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que había sido jefe de Lesmes en los años de Aznar en Justicia, llamó a Lesmes.
––La culpa de todo esto esto la tienes tú, Carlos. Y que sepas que también Rajoy piensa así.
No era cierto que Mariano Rajoy pensara de esa manera. Pero Catalá se lo inventó para dramatizar el escenario.
Catalá le echaba en cara a Lesmes que no hubiese movido un dedo para impedir que Rajoy tuviese que acudir personalmente –en lugar de hacerlo por videoconferencia desde La Moncloa– a declarar a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, el 26 de julio de 2016 en calidad de testigo en el caso Gürtel.
'Hemos creado un monstruo'. Quien así se expresa es un alto cargo del PP, preocupado por la deriva que ha adquirido el órgano de gobierno del poder judicial. Todo el poder está concentrado en una única persona, Carlos Lesmes, que reparte juego y nombramientos de la cúpula judicial sólo con la ayuda de una Comisión Permanente, elegida por el Pleno pero propuesta por él.
Fue la decisión política de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, quien reformó a uña de caballo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arrastró a su partido a un modelo que concentra el poder en el presidente.
'Nunca en la historia de la democracia una única persona había acumulado tanto poder del Estado en sus manos'. Quien así se expresa es un magistrado del Supremo, la más alta institución judicial de España. Ni siquiera un ministro o un presidente de las Cortes alcanza el poder adquirido por Lesmes.
Lesmes preside la Comisión Permanente, el órgano que ha acaparado todo el poder del Consejo, excepto de aquellas competencias que son indelegables del Pleno o que ellos acuerdan ceder al Pleno para que no haya enfados entre los vocales. Son cinco los restantes miembros de la Permanente: los jueces Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, María del Mar Cabrejas, así como los ex diputados Mercé Pigem -de Ciu- y Alvaro Cuesta, del PSOE, de diversas sensibilidades.
Los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa de la Permanente'Yo creí que iba a trabajar en política judicial y no en un parvulario'. Así se expresa un vocal del CGPJ, asombrado por lo que está ocurriendo. El poder de Lesmes y de la Permanente es tal que los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa.
Los vocales del CGPJ tienen rango de secretario de Estado, pero no pueden acudir al despacho para mantener reuniones con un ciudadano si la Permanente no autoriza antes el viaje. Incluso el vocal Enrique Lucas solicitó llegar dos días antes del Pleno mensual para así estudiarse la documentación del extenso Orden del Día, pero se lo han denegado.
El control llega hasta tal punto que las dos vocales
ponentes del informe sobre la reforma del aborto -Pilar Sepúlveda y
Carmen Llombart- tenían listos sus textos para refundir la ponencia y
presentarla el 15 de marzo, como estaba previsto. Pero la Permanente
decidió el jueves pasado solicitar un mes más de prórroga al Gobierno.
Sepúlveda se enteró por la prensa de esa solicitud de prórroga. ¿Las
razones? Las desconoce.
También causa asombro que en el último Pleno se negara a los vocales el acceso al expediente de unos magistrados expedientados, cuando era el Pleno el que tenía que aprobar o no la adopción de medidas disciplinarias sobre ellos.
[El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, al completo. Foto: CGPJ]
La última bronca ha sido la elección de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha recaído en Ángeles Carmona, una vocal cualificada para el puesto y propuesta por el PP, en lugar de Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad y, por lo tanto, la candidata natural para dirigir la respuesta judicial ante este fenómeno delictivo.
Cinco vocales han decidido solicitar un Pleno Extraordinario para, en sus palabras, 'poner pie en pared' ante el poderoso control que está adquiriendo Lesmes y la Permanente. Es el caso de los vocales Sepúlveda, Martínez de Careaga, Roser Bach, María Victoria Cinto o Rafael Mozo.
Cinco vocales solicitan un Pleno Extraordinario para 'poner pie en pared' a esta situación
El poder de Lesmes abarca el control de las competencias del CGPJ, recortado con la reforma: la selección de jueces -a través de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, y de los tribunales examinadores-; el nombramiento de las cúpulas del gobierno administrativo judicial de España; la disciplina de los jueces -con un Promotor de la Acción de la Justicia nombrado por el Pleno con su apoyo y que concentra competencias jamás vistas -; el refuerzo de un juzgado para que tengas medios suficiente e investigue una causa importante...
El 9 de marzo se cumplen tres meses de la elección de Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Se presentó ante la sociedad bajo las banderas del diálogo y la transparencia -en una rueda de prensa sin preguntas-, pero cada vez más voces de ambas instituciones denuncian lo contrario.
Los adjetivos se quedan cortos entre sus críticos: autoritario, alevoso, iluminado... En el Supremo algunos le han puesto el sobrenombre de 'Tirano de la Ensenada', en referencia a la calle donde radica la sede principal del CGPJ (Marqués de la Ensenada de Madrid). Sus defensores hablan de su capacidad de diálogo y su aguante.
www.elderecho.comLesmes se ha rodeado de una guardia de corps compuesta por ex miembros de la revista El Derecho, bajo el control de su jefa de Gabinete, la también fiscal Ana Murillo quien está casada con Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación del Banco de Santander.
El entorno familiar del nuevo secretario general del CGPJ, el magistrado José Luis Terrero Chacón, era accionista de esta editorial jurídica El Derecho hasta que la mayoría de las acciones se vendieron a la editorial Francis Lefebvre. Terrero era el coordinador editorial.
Es más, Lesmes era miembro del Consejo Editorial de El Derecho, al igual que Ángel Juanes, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo. También colaboró con la editorial el vicesecretario general, José Luis de Benito, amigo de Antonio Camacho y pieza clave para decantar el apoyo del PSOE a este Consejo reformado.
'La mayoría de los nombramientos que se han producido en la cúpula judicial desde que llegó Lesmes han sido porque han colaborado con la revista El Derecho; porque tienen la especialidad de Contencioso-Administrativo, como Lesmes; porque han coincidido con el mismo preparador que él, o porque son de la misma promoción', destaca una fuente interna.
Se atribuye a Ana Murillo el control absoluto de cuantas decisiones internas se adoptan en el Consejo, que abarcan desde el control de los letrados hasta obligar a las señoras de la empresa de limpieza a vestir chaqueta, pintarse y servir café a los vocales, o la comida en las reuniones de Lesmes... Con insinuaciones de amenaza de despido de quienes se oponían a servir.
Lesmes se rodeó también de la bandera de la austeridad. Pero ha creado el cargo nuevo de Jefe de Protocolo, que no existía en el Consejo y cuyas funciones las realizaba una funcionaria de nivel 16. Ahora se ha traído al jefe de protocolo del ministerio de Justicia, Camilo Ignacio Sigmal, de nivel 30.
Lesmes se rodeó de la bandera de la austeridad, pero ha creado el cargo de Jefe de Protocolo
El temor se ha extendido en la sede de Marqués de la Ensenada. Temor a que los correos profesionales y los ordenadores sean espiados -la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ampararía-, porque Lesmes se pone nervioso con las filtraciones que se están produciendo desde dentro de la institución. Y temor a que los empleados laborales sufran una regulación de empleo, como sufrieron las secretarias eventuales. Una de ellas fue despedida a pesar de atravesar por una grave enfermedad.
El constituyente definió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un órgano colegiado compuesto por 20 vocales: 12 jueces y magistrados y, el resto, nombrados directamente por el Parlamento. Pero se ha convertido en una institución centralizada en una persona y su guardia de corps.
El autor de esa reforma fue el propio Lesmes, quien ha llegado a decir en privado que, si fuera por él, reformaría la Constitución para hacer desaparecer al CGPJ, según aseguran fuentes del Supremo.
Algunos altos cargos del PP reciben estas señales de alerta con preocupación y apostillan: 'hemos creado un monstruo con la reforma'.
