Caso Gescartera: Nueve años después del escándalo de Ibercorp
En 1992, el ex presidente Felipe González puso la mano en el fuego por el entonces gobernador del Banco de España y unos de los principales implicados en el caso Ibercorp, Mariano Rubio. Nueve años después, el PP ha puesto en alerta a todas las Unidades de Quemados, con su denostada defensa de la honorabilidad del actual secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. Las similitudes políticas y delictivas, que no estrictamente técnicas, de ambos escándalos financieros se van multiplicando a medida que se afloran más datos sobre el entramado de Gescartera Dinero.
L. D. / EFE.-
El doce de
febrero de 1992 el diario "El Mundo" informó de supuestas
irregularidades en la venta masiva de acciones de la empresa Sistemas
Financieros (SF), filial del Grupo Ibercorp. Esta sociedad estaba
copresidida por el síndico de la Bolsa Manuel de la Concha y Jaime Soto.
La información hacía referencia a un supuesto trato de favor a
accionistas del grupo de valores Ibercorp, e inversores vinculados a la
"beautiful people", a los que, presuntamente, se les facilitó la venta
de acciones semanas antes de que se desplomara su cotización.
La acusación se refería además a una posible ocultación de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNMV, tras una auditoría de Arthur Andersen, detectó un fuerte aumento de la autocartera por la venta de más de 700.000 acciones de SF. La operación, de la que se excluían los que vendieron con anterioridad a esa fecha, perjudicó a muchos accionistas.
La CNMV requirió entonces a la sociedad de valores Ibercorp la identidad de los vendedores para investigar si los socios mayoritarios vendieron sus acciones a cuenta de la autocartera, operación que suele originarse por la necesidad de comprar acciones en Bolsa para mantener la cotización. Más tarde, se comprobó que Ibercorp había enviado una información, cuando menos incompleta, ya que en los listados diversas personas aparecían tan sólo con la inicial del nombre propio y el segundo apellido, entre ellas Mariano Rubio, Miguel Boyer, Isabel Preysler y el ex-ministro de Economía Juan Antonio García Díez.
El entonces portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el caso Ibercorp. Según Rato, el Congreso había permitido que el mercado financiero fuera regulado en muchos casos por instituciones sin capacidad legislativa , como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el propio Banco de España. El actual ministro de Economía explicó que los responsables de instituciones como el Banco de España o la CNMV "no pueden actuar en un mercado de valores moderno como las demás personas" , debido a la información privilegiada de que disponen.
El vicepresidente segundo realizó en 1992 unas declaraciones que bien podrían utilizarse para el Caso Gescartera. Rato dijo entonces que “la opinión pública tiene derecho a saber si estas casualidades (que Gescartera estuviese presidida por la hermana del secretario de Estado de Hacienda, que el propio Enrique Giménez-Reyna tuviera allí puesto parte de su dinero o que un apoderado de dicha agencia de valores trabajara hasta 1999 en la CNMV) responden en realidad a la existencia de sindicatos de intereses”.
Por su parte, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, dijo en un primer momento sobre el escándalo de Ibercorp que "lo único que se le puede reprochar al gobernador del Banco de España es que fuera imbécil y no un aprovechado".
La acusación se refería además a una posible ocultación de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNMV, tras una auditoría de Arthur Andersen, detectó un fuerte aumento de la autocartera por la venta de más de 700.000 acciones de SF. La operación, de la que se excluían los que vendieron con anterioridad a esa fecha, perjudicó a muchos accionistas.
La CNMV requirió entonces a la sociedad de valores Ibercorp la identidad de los vendedores para investigar si los socios mayoritarios vendieron sus acciones a cuenta de la autocartera, operación que suele originarse por la necesidad de comprar acciones en Bolsa para mantener la cotización. Más tarde, se comprobó que Ibercorp había enviado una información, cuando menos incompleta, ya que en los listados diversas personas aparecían tan sólo con la inicial del nombre propio y el segundo apellido, entre ellas Mariano Rubio, Miguel Boyer, Isabel Preysler y el ex-ministro de Economía Juan Antonio García Díez.
El entonces portavoz del Grupo Popular, Rodrigo Rato, solicitó la creación de una comisión de investigación sobre el caso Ibercorp. Según Rato, el Congreso había permitido que el mercado financiero fuera regulado en muchos casos por instituciones sin capacidad legislativa , como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el propio Banco de España. El actual ministro de Economía explicó que los responsables de instituciones como el Banco de España o la CNMV "no pueden actuar en un mercado de valores moderno como las demás personas" , debido a la información privilegiada de que disponen.
El vicepresidente segundo realizó en 1992 unas declaraciones que bien podrían utilizarse para el Caso Gescartera. Rato dijo entonces que “la opinión pública tiene derecho a saber si estas casualidades (que Gescartera estuviese presidida por la hermana del secretario de Estado de Hacienda, que el propio Enrique Giménez-Reyna tuviera allí puesto parte de su dinero o que un apoderado de dicha agencia de valores trabajara hasta 1999 en la CNMV) responden en realidad a la existencia de sindicatos de intereses”.
Por su parte, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, dijo en un primer momento sobre el escándalo de Ibercorp que "lo único que se le puede reprochar al gobernador del Banco de España es que fuera imbécil y no un aprovechado".
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